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Inundaciones en Tabasco: ¿una catástrofe inesperada?

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La respuesta rápida a la pregunta planteada en el título sería que no. Eventos como el que se vive actualmente, que desplaza a gente de sus hogares, deja heridos y muertos y le agrega más incertidumbre a la vida de los tabasqueños, lamentablemente ya se habían presentado con anterioridad.

A lo largo de su historia, Tabasco se ha caracterizado por ser víctima constante de desastres hidrometeorológicos, inundaciones y desbordamientos del sistema de ríos: Grijalva-Usumacinta. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en esta zona “el agua es tan abundante que en ella se concentra la tercera parte de los recursos hidráulicos del país, esta característica hace a Tabasco el estado con mayor extensión de humedales (zonas inundables)” (Semarnat, 2003, p.15).

En Villahermosa, Tabasco existen registros de estos eventos desde 1879 (Carrillo, 2016) y desde 1951 se realizaron las primeras obras importantes en el estado para la protección contra inundaciones, alcantarillado, agua potable, entre otras (Conagua, 2014).

Adicionalmente, de acuerdo con Conagua (2014) existen tres principales intentos de programas y/o proyectos para resolver las consecuencias por los frecuentes, y cada vez más agudos, fenómenos hidrometeorológicos:

  1. Proyecto Integral Contra Inundaciones (PICI) implementado en 2003 como respuesta a la inundación de 1999 y con el objetivo de “controlar los caudales de los ríos como el Grijalva y Usumacinta, para salvaguardar la integridad de las poblaciones” (Semarnat, 2003, p.9).
  2. Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT)[1] ejecutado en 2008 como respuesta a la grave inundación de 2007. El PHIT tenía como objetivo disminuir las condiciones de vulnerabilidad y riesgo para la población, sus actividades económicas y los ecosistemas de la entidad, así como establecer medidas de mediano y largo plazo que contribuyan al desarrollo sustentable de Tabasco (Conagua, 2009, p.1171).
  3. Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB) llevado a cabo en 2015 con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones que puedan afectar a la población, sus actividades productivas y la infraestructura del área de Tabasco (Conagua, 2014, p.111)

Actualmente, el estado de Tabasco se encuentra en crisis debido a inundaciones y desbordamiento de ríos provocados por la tormenta tropical Eta y el Frente Frío número once. Trece años atrás, se vivió un evento similar.

En 2007, de los 23 mil 990 kilómetros cuadrados de superficie total del estado, 24 por ciento resultó inundada, 70 por ciento del territorio presentó daños, 80 por ciento de Villahermosa se encontraba bajo el agua y se registraron 36 mil 486 millones de pesos en pérdidas económicas, además de un millón de personas damnificadas (INEGI, 2020).

A mediados de noviembre de 2020, se observa que, de la superficie total, 37.8 por ciento resulta inundada, 76 por ciento del territorio presenta daños, más del 80 por ciento de la capital del estado está bajo el agua y se registran más de 300 mil personas damnificadas[2] (INEGI, 2020) (Protección Civil, 2020).

Una vez más, existe la necesidad latente de plantear una política pública, un programa o un proyecto que resuelva las causas del problema y responda a la catástrofe que está presente en Tabasco. A mi parecer, tomando en consideración los objetivos de los programas antes mencionados, pareciera que la evidencia generada a lo largo de los años no ha sido suficiente para construir la solución a este problema desde la raíz.

En mi opinión, el punto de partida actual para Tabasco representa un reto mucho más grande que anteriormente, pues ahora se suman los efectos del cambio climático, que eleva los niveles del agua en costas, y las consecuencias negativas que se han observado en la implementación de los planes establecidos en el pasado. Se puede encontrar evidencia de corrupción e incluso una denuncia de violación de derechos humanos en estos planes, los cuales se pensaron como la solución para mitigar los rezagos que estos desastres dejan en materia de salud, económica y social.

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2011) detectó en la recomendación 061/2011 al gobierno del estado, obras inconclusas, incumplimiento de normas y presuntos actos de corrupción en el PHIT. De igual forma, de acuerdo con Badillo (2020) en 2014 “damnificados por inundaciones, presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (expediente P-1915-14) en la que denunciaron que, ante reiteradas inundaciones, la gente estaba en enorme rezago social y pobreza extrema, además de daños psicológicos”.

La evaluación, con base en evidencia, de este tipo de desastres existe. A manera de ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)[3] presentó en 2008 una evaluación que resume la cuantificación de los efectos económicos y sociales que han dejado las inundaciones en el estado desde 1980 hasta 2007. Este documento logró reunir la evidencia para emitir opciones y oportunidades que considerar en eventos similares en el futuro, específicamente en el caso tabasqueño.

Por lo que, desde mi perspectiva, lo que está pasando con Tabasco y su gente a finales de 2020, no es más que el reflejo de un mal diseño de política pública que se ha extendido a lo largo de los años. El fracaso de la evaluación ex-ante queda expuesto, pues no se logra identificar una propuesta de política con tiros de precisión, que permita derramar beneficios para la población; así como tampoco se encuentra evidencia de una estrategia que genere el mejor resultado.

Cada vez que llega el momento en el que se presenta otro desastre, surgen preguntas sobre cómo mejorar las circunstancias para evitar un evento futuro; desafortunadamente, cada año siguen llegando las lluvias y con ellas los ríos desbordados. Sin duda, es un desafío multidisciplinario que tendrán que resolver las diferentes instituciones en el país.

¿Podrá el gobierno del presidente tabasqueño realizar un diseño de política pública viable que rompa con el ciclo de la catástrofe?

Notas

  • [1] En este plan se incluye la construcción de la compuerta “El Macayo”, la cual es actualmente criticada. De acuerdo con El Heraldo de México (2020), la Directora General de la CONAGUA explicó que no es posible desahogar con la compuerta, sin inundar alguna zona de Tabasco, lo cual cobra relevancia bajo el contexto actual del estado.
  • [2] La crisis continúa, por lo que es imposible estimar las pérdidas económicas y el número de personas damnificadas para el evento en curso.
  • [3] La CEPAL ha desarrollado variedad de documentos que analizan los desastres en Tabasco y la evolución del impacto socioeconómico, mismos que estiman el impacto social, económico y ambiental de desastres.

Referencias

Sobre el Autor:
Camila Rojas Jiménez

Practicante en Evaluación de Políticas Públicas
Trainee en Análisis Socio-Económico

Sobre el Autor:
Camila Rojas Jiménez

Practicante en Evaluación de Políticas Públicas
Trainee en Análisis Socio-Económico

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