Desde niños, todos aprendimos a vivir con miedo a salir mal en los exámenes y evaluaciones, principalmente porque éstos se traducen en calificaciones. Dichas notas pareciera que marcan nuestra vida, aunque no necesariamente nuestro nivel de aprendizaje. En la mayoría de las personas prevalece la idea de que un diez o cien, es mucho más importante que lo aprendido y comprendido.
Incluso podemos toparnos con memes en los que se burlan de la gente que en la primaria y secundaria tuvo calificaciones de nueve y diez, pues se les asocia con problemas de ansiedad, depresión y dificultades para mantener una relación estable. De fachada pareciera un chiste soso, pero en realidad expone el estrés al que suele someterse a los niños para alcanzar esas notas.
De cierta forma, la evaluación en política pública sigue cargando con esta falsa imagen. Si bien evaluar es un ejercicio de examinación sobre lo que se está haciendo en torno a determinado programa presupuestario, la finalidad no es resaltar las fallas encontradas, sino el encontrar en qué y cómo mejorar.
Mientras en materia educativa persiste un debate sobre la relevancia de asignar una calificación; en política pública resulta difícil imaginar un ejercicio de evaluación sin indicadores del desempeño. A diferencia del sistema formativo, en un programa presupuestario es necesario tener parámetros que permitan conocer en dónde se encuentran los obstáculos del programa o proyecto a analizar.
En México, hay distintos tipos de evaluación, los cuales se aplican en función de los objetivos que pretenden alcanzarse con este ejercicio, el tiempo que lleva operando el programa, las necesidades expresadas por los responsables, entre otros. Al respecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)[1] define los siguientes tipos de evaluación para programas y políticas sociales:
- Evaluación de Diseño: Posibilita evaluar la consistencia y lógica interna de los programas presupuestales.
- Evaluación de Consistencia y Resultados: Permite obtener una radiografía de la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los programas.
- Evaluación de Impacto: Mide los efectos netos del programa sobre la población que atiende.
- Evaluaciones Complementarias: Profundizan sobre aspectos relevantes del desempeño del programa.
- Evaluación de Indicadores: Identifica, a través de trabajo de campo, la pertinencia y alcance de los indicadores de un programa.
- Evaluación de Procesos: Analiza los procesos operativos del programa, evaluando si son eficientes, eficaces y contribuyen a una mejor gestión.
- Evaluaciones Estratégicas: Hacen una valoración de las políticas y estrategias de desarrollo social, tomando en cuenta diversos programas y acciones dirigidos a un objetivo común.
- Evaluaciones Específicas de Desempeño: Sintetizan, de manera concisa, la información que las dependencias integran en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En este sentido, un aspecto esencial para entender la evaluación, tanto en política pública como en otros rubros, es la finalidad de este ejercicio. En el imaginario de la sociedad suele asociarse el evaluar con la búsqueda de los errores, con la intención de hacer notar esa desventaja. Justo en ese enfoque es donde se encuentra la reticencia de los responsables de los programas presupuestarios a ser evaluados.
En la práctica, esta concepción equivocada del ejercicio se suma a algunos otros obstáculos, tales como la dificultad para establecer indicadores que midan de forma eficiente el desempeño del programa, la subordinación de los programas a las decisiones políticas, la falta de documentación, las limitaciones en recursos financieros, humanos y técnicos, entre otros. Por esta razón, el trabajo de gabinete debe ser complementado con el trabajo de campo. La prioridad es garantizar una evaluación de calidad.
Como evaluadores, debemos tener la capacidad de entender las condiciones en las que se opera el programa, el entorno en el que trabajan los servidores públicos y los esfuerzos que, muchas veces, sobrepasan lo plasmado en los documentos. Esto no significa perder objetividad, sólo ser conscientes de los elementos intangibles que están de por medio.
Por ejemplo, una comparación sobre los procesos que se llevan a cabo, tanto administrativa como operativamente, y lo que se plantea en los documentos normativos, abre una ventana para observar los factores que hacen posible la funcionalidad del programa y aquellos que podrían estar obstruyendo el logro de los objetivos planteados.
Hoy por hoy, al ejercicio de evaluación se le sigue confundiendo con un proceso de auditoría. Derivado de lo anterior, los Aspectos Susceptibles de Mejora que surgen del ejercicio evaluativo, y que son compromisos de los responsables de los programas para mejorar al mismo con base en los hallazgos identificados, son considerados resultado de una fiscalización punitiva.
Los evaluados evitan, con mucho ahínco, que aparezcan recomendaciones en el informe de la evaluación. De esta forma, limitan los alcances de la evaluación, del tipo que sea. Lo ideal es detectar todas las áreas de mejora posibles; en todo caso, serán los responsables del programa y del área quienes decidirán, dependiendo de su viabilidad, los elementos que se convertirán en Aspectos Susceptibles de Mejora.
En suma, la evaluación de política pública requiere desvincularse de esta acepción errónea. La finalidad de encontrar áreas de oportunidad no es denostar el trabajo realizado, sino mejorar y encaminarse hacia la consecución de los propósitos de los programas. El aprendizaje, aunque en ocasiones proviene de las fortalezas identificadas, es mucho más provechoso cuando surge de las debilidades. Además, tal como en la escuela, una calificación no define al alumno.
Nota de página:
Referencias:
- CONEVAL. «La evaluación de los programas sociales: Un proceso de mejora continua y rendición de cuentas.» Evaluación de la Política Social. s.f. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Proceso-de-Evaluacion.aspx.
