La decisión de invitar al youtuber Chumel Torres al foro Racismo y/o clasismo en México, por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), empujó a representantes del sector público y a distintos medios de comunicación a poner en tela de juicio la eficacia de esta institución, sin valorar lo relevante: su desempeño.
En este sentido, lo anterior resulta arriesgado porque, en dicho escenario, prevalece la ausencia de evidencia, a pesar de que el Conapred ha centelleado por su pertinencia y apoyo a grupos vulnerables del país, en términos laborales y sociales.
La invitación de una voz discordante a un evento público, sea una mala decisión o un tino con fines promocionales, ha vaticinado la probable desaparición de la institución, por lo que diversas organizaciones sociales, entre ellas, Amnistía Internacional y la Organización de las Nacionales Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres), han proyectado su apoyo a la misma (Ortiz,2020). Entre los dimes y diretes, un elemento debería emerger como clave para la decisión: la evaluación.
Con frecuencia, suele aseverarse que la acción gubernamental y quienes la representan, es decir los políticos e instituciones, son ineficaces. Sin embargo, esta apreciación, cuando carece de sustento, es igual de infructuosa que el juicio mismo. ¿Por qué? No solo porque representa una valoración tendenciosa, sino porque se transforma en un obstáculo para el desarrollo institucional.
Sí, desde diversas trincheras puede resultar sencillo criticar procedimientos, poner en entredicho el desempeño de alguna figura pública o juzgar como improductivo un programa sin contar con evidencia. No obstante, es necesario resaltar que, al día de hoy, detrás de cualquier intervención gubernamental, existe un esfuerzo significativo por impulsar mejoras en el ámbito.
A partir de 2010, México avanzó en la implementación del binomio Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED). Cobijado bajo el regazo de la Gestión para Resultados, un marco conceptual desarrollado a nivel internacional por los países del primer mundo y que, en Latinoamérica, se adoptó como Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD), siendo la evaluación uno de sus pilares clave.
Quienes hemos tomado la batuta de la evaluación, estamos conscientes de que, sin la misma, el perfeccionamiento de la práctica institucional no tendría cabida, pues, tanto a nivel estatal como nacional, nos hemos beneficiado de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones emanadas de los informes de las evaluaciones. Elementos que son edificados con base en evidencia desprendida de metodologías cualitativas y cuantitativas.
La evidencia permite eliminar cualquier dejo de parcialidad, sin dejar de lado la visión crítica. La evaluación es una herramienta analítica, explicativa y constructiva que examina, detalla resultados y al mismo tiempo advierte áreas de oportunidad.
En palabras simples, con la evaluación no se busca echar abajo los esfuerzos efectuados en pro de la ciudadanía, sino incentivar mejoras; sobre todo, porque estamos conscientes de que los programas, proyectos y políticas gubernamentales implican un importante uso de recursos públicos.
Es precisamente el uso eficiente de estos recursos públicos una de las razones de ser de la evaluación. A continuación, te presento en qué consiste esta herramienta y por qué adquiere relevancia en el contexto de la Conapred.
¿Qué es la evaluación de políticas públicas?
De acuerdo con Cardozo (2012), la evaluación es la apreciación objetiva y sistemática de la acción gubernamental, la cual puede ser un proyecto, programa, norma o política; en otros términos, esta herramienta conlleva inspeccionar las diversas formas en las cuales el gobierno ejerce los recursos públicos.
Según Merino (2010), la evaluación consiste en observar, medir, analizar e interpretar una intervención pública, con fines de valorar el diseño, práctica, efectos, resultados e impacto de la misma; además, resulta provechosa para los decisores y gestores públicos y, por supuesto, para la ciudadanía.
Bajo esta línea, una evaluación debe arrojar información útil y veraz, así como estar fundamentada en evidencia, para que pueda adherirse al proceso de toma de decisiones por parte de quienes ostentan puestos gerenciales en el gobierno y son trampolines del cambio.
Antes de plantear una evaluación, vale la pena preguntarse si la información desprendida de la misma tiene propósitos útiles, los cuales es posible diseccionar en cinco grandes bloques (Merino, 2010):
- Planificación: sirve como brújula en el diseño y la asignación de recursos.
- Rendición de cuentas: posibilita examinar cómo se han utilizado los recursos públicos, con qué finalidad y cuáles son logros que se alcanzaron con estos.
- Conocimiento: ayuda a entender a detalle cómo tienen lugar las intervenciones públicas.
- Desarrollo: mejora el desempeño de las instituciones y los atributos de los bienes y servicios ofrecidos.
- Aplicación: impulsa el rendimiento de los programas y la eficiencia de los sistemas de gestión y prestación de servicios.
En los fines de la evaluación, reposa por qué la desaparición del Conapred no puede depender únicamente de una decisión; más bien, su cuestionamiento debería supeditarse a su desempeño, el cual, es necesario subrayar, ha sido destacado. Entre los logros de la institución, se pueden desplegar los siguientes (Secretaría de Gobernación, 2020):
- La inclusión de la perspectiva de igualdad y no discriminación en el diseño de programas sectoriales desprendidos del Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024).
- El desarrollo del Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación (2019-2024), cuyo blanco es abatir las prácticas discriminatorias en los sectores de educación, trabajo, seguridad social y justicia.
- La realización de la campaña nacional contra la xenofobia, en aras de mejorar la situación de las personas migrantes en el país.
- La puesta en marcha, en mayo de 2019, del Sistema Nacional de Información de Discriminación (Sindis), el cual congrega estudios y encuestas sobre discriminación en el país, para influir en la toma de decisiones y el diseño de políticas al respecto.
En este contexto, condenar a la desaparición al Conapred por invitar a Chumel Torres a un evento público, sería equiparable a valorar la expulsión de la escuela de aquel alumno con una trayectoria académica destacable, solo por decidir juntarse con el elemento problemático del salón. ¿No debería el desempeño escolar del alumno, y no sus amistades, determinar su permanencia o no en la escuela?
Por supuesto, la controversia en torno al Conapred es de tintes macro y adquiere relevancia porque existe evidencia suficiente, albergada en los informes de las evaluaciones realizadas al mismo, para aseverar que se trata de una de las instituciones más sólidas en el país. Son los resultados de estas evaluaciones los que deberían determinar la continuidad del organismo; hacer caso omiso de los mismos sería ignorar los avances que, en materia de PbR-SED, tantos esfuerzos y recursos públicos nos han costado.
Referencias:
- Cardozo, M. (2012) Evaluación y metaevaluación en las políticas y programas públicos. CDMX: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Merino, M. (2010). Fundamentos de evaluación de políticas públicas. Madrid, España: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.
- Ortiz, A. (18 de junio de 2020). Organizaciones internacionales reprueban posible desaparición de Conapred. El Universal. Recuperado de https://www.eluniversal.com.mx/nacion/organizaciones-internacionales-reprueban-posible-desaparicion-de-conapred
- Secretaría de Gobernación (03 de enero de 2020). Conapred puso en marcha durante 2019 acciones para que las personas ejerzan sus derechos en igualdad y sin discriminación. Prensa. Recuperado de https://www.gob.mx/segob/prensa/conapred-puso-en-marcha-durante-2019-acciones-para-que-las-personas-ejerzan-sus-derechos-en-igualdad-y-sin-discriminacion?idiom=es
