Confinado en mi casa, acatando las medidas sanitarias establecidas por la universidad donde colaboro, me encontraba impartiendo una sesión de forma virtual a alumnos de la Maestría en Evaluación de Políticas Públicas. El tema de ese día se centraba en analizar la congruencia evaluativa de los programas presupuestarios en México.
La clase transitaba de forma rutinaria hasta que un alumno de manera efusiva me hizo los siguientes cuestionamientos: -Profesor, ¿los gobiernos no se preparan para externalidades como la pandemia producida por la COVID 19? ¿no es un papel fundamental de los gobiernos dar certeza y tomar medidas para situaciones de esta naturaleza?
Después de una breve reflexión, de aproximadamente dos segundos, mi respuesta fue casi automática, contesté: – ¿Qué administración o gobierno podría estar preparada para una situación de este tipo?
La mayoría de los participantes en la clase asentaron con diversas expresiones estar de acuerdo con mi argumento, pero pude notar que, para el alumno que había planteado tales cuestionamientos, mi respuesta resultó completamente vacía aunado a que, seguramente como a muchos nos sucede, le pareció molesto que mi contestación esbozara otra pregunta. La clase terminó, pero un par de horas posteriores, tal interrogante regresó a mí de forma inquietante.
Analizando la pandemia producida por la transmisión del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, desde la óptica de la acción gubernamental, existe una generalidad, la cual radica en que este problema ha puesto en punto de quiebre a la mayoría de los sistemas de salud en el mundo.
De forma general, al menos en México, en los puntos más álgidos respecto al número de contagios, la problemática se ha centrado en el colapso de los servicios salud por cuatro motivos: 1) infraestructura hospitalaria deficiente, 2) un déficit de personal médico y de enfermería, 3) la falta de equipo e insumos especializados para la atención específica de este padecimiento y 4) el desconocimiento de protocolos para la reducción de riegos.
En retrospectiva, los cuatro aspectos antes especificados no parecen ser problemas nuevos y producidos particularmente por el COVID. Desde hace más de un lustro, existe un señalamiento público a través de diversos medios de comunicación, digitales e impresos, así como pronunciamientos por parte de múltiples órganos fiscalizadores y de la misma Auditoria Superior de la Federación, en relación con las falencias detectadas, año tras año, tanto en la infraestructura hospitalaria como en el déficit de recursos humanos y de equipamiento.
A pesar de la agudeza de estos pronunciamientos, y con el objetivo de ratificarlos, decidí explorar evaluaciones a programas públicos específicos, con fines de conocer si esta circunstancia había sido identificada por los mismos.
La búsqueda fue fructífera; por ejemplo, de 2016 a 2019, con base en la información obtenida a través de múltiples Fichas de Monitoreo y Evaluación, así como de evaluaciones de Consistencia y Resultados al programa E023 Atención a la Salud (Secretaría de Salud, s.f.), se detectaron limitantes en la infraestructura y recursos humanos, enfatizando el efecto negativo que esta debilidad podría tener en la cobertura de la población atendida y objetivo.
El E023 tiene como propósito brindar atención hospitalaria y ambulatoria de alta especialidad. Por tal motivo, hallazgos como la ausencia de un plan estratégico y programación consensuada, derivado de la evaluación de Consistencia y Resultados realizada en 2017, pueden ser un obstáculo para la consecución de las metas y fines del programa.
Aunque esto parezca un aspecto extremadamente particular y no refleje de manera global a todo el sistema de salud, resulta un punto de referencia para ratificar, de manera contundente, las áreas de oportunidad señaladas antes de la pandemia.
En este caso puntual, los responsables del programa no han sido indiferentes a estos señalamientos. Al contrario, han sido consistentes reconociendo en el diagnóstico que fundamenta al programa, el déficit de infraestructura y tecnología hospitalaria, la insuficiencia de los recursos humanos e insumos para mejorar la atención médica.
Desde esta perspectiva, y de manera muy particular, se podría decir que, efectivamente, podríamos estar mejor preparados para atender una situación como el COVID, pues desde hace tiempo diversas evaluaciones han señalado las áreas de oportunidad en el sector salud, a través de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). Entonces, ¿qué ha fallado? Para responder lo anterior, es necesario comprender cuál es el rol de los ASM en la evaluación.
¿Qué son los Aspectos Susceptibles de Mejora?
Los ASM son recomendaciones específicas desprendidas de las evaluaciones externas, a partir del análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los programas (CONEVAL, 2011); sin embargo, para que puedan traducirse en un motor optimizador del desempeño, es necesario que los responsables de los programas asuman el compromiso de atenderlos.
Con la finalidad facilitar dicha tarea, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de la mano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), emitieron el Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, cuyos objetivos específicos son:
- Establecer el proceso a emprender por las dependencias y entidades para hacer efectivo el uso de las recomendaciones erigidas por los evaluadores externos.
- Definir a los responsables de elaborar y formalizar los instrumentos de trabajo para atender los ASM.
- Delimitar las fechas de entrega de los documentos que respaldan el seguimiento a los ASM.
- Establecer los mecanismos de difusión de los resultados obtenidos de las evaluaciones (CONEVAL, 2011).
En este escenario, los instrumentos o documentos de trabajo adquieren un rol fundamental; para que resulten efectivos, es necesario que señalen los compromisos adquiridos por los responsables del programa, después haber examinado y seleccionado las recomendaciones a atender, conforme a los criterios de claridad, relevancia, justificación y factibilidad; esto es, después de revisar si se cuenta con el presupuesto, recursos y capacidades para su implementación.
Además, estos documentos de trabajo, para agilizar la ejecución de los ASM a cubrir, deben contemplar los elementos siguientes:
- Unidades o áreas responsables del cumplimiento de los compromisos
- Actividades a realizar
- Plazos de ejecución, tanto de inicio como de fin
- Productos y/o evidencias del cumplimiento de los compromisos
Al dar atención a los ASM, los recursos públicos dirigidos a los programas se utilizan eficientemente. La idea es que, con el devenir del tiempo, los resultados de las evaluaciones de un programa evidencien que las carencias detectadas en años anteriores, al día de hoy, han sido subsanadas o son menores.
De vuelta a la exploración que realicé, respecto a los hallazgos y recomendaciones de las evaluaciones proyectadas al E023, la insuficiencia en infraestructura y recursos tanto materiales como humanos ha prevalecido, lo cual puede traducirse en la poca efectividad en el seguimiento y cumplimiento de los ASM.
En este sentido, puede concluirse que sí, el gobierno podría haberse preparado mejor para combatir la enfermedad COVID-19, pero no se puede aseverar que su arsenal habría sido suficiente. ¿Por qué? Porque la pandemia ha representado un reto a nivel global, al grado de que se ha encumbrado como un elemento paradigmático en servicios de salud y para las políticas públicas en el tema.
Referencias
- CONEVAL. (2011). Mecanismo para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. Obtenido de https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/Mecanismo_2011.pdf
- Secretaría de Salud. (s.f.). Evaluaciones a Programas Presupuestarios de la Secretaría de Salud. Obtenido de Dirección General de Evaluación del Desempeño: http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/deppes/evaluaciones_filtro.html
